Constitucional Art. que limita a municipios contratar publicidad en medios de comunicación sin fines de lucro: SCJN

El Pleno de la Suprema Corte declaró la validez del artículo 89 fracción VII de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, relativo al límite del gasto del 1 % del presupuesto municipal por servicios de comunicación social en concesionarios de uso social.

Es decir, a la cantidad que podrán obtener de los gobiernos en los tres niveles, las concesionarias con fines culturales, científicos, educativos sin fines de lucro. Entre las que están las concesionarias comunitarias e indígenas.

“No es un límite a la administración de la hacienda y lo es en cambio para los concesionarios de uso social en donde ni siquiera se puede considerar como un imperativo que se gaste eso como sí para con las autoridades federales que sí les señala la obligación de gastar el 1% de su presupuesto en ese renglón”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

“La libertad de administración hacendaria no impide que la federación pueda limitar los recursos públicos que puedan ser otorgados a concesionarios que se encuentran sujetos a su regulación”, Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.

Tras dos sesiones públicas de debate, por mayoría de 8 a 3, se votó en contra del proyecto que proponía la invalidez de la norma por una posible violación a la libre administración hacendaria de Juchitán, Oaxaca, que fue el municipio promovente.

“Me parece que ha sido una jurisprudencia reiterada de esta Suprema Corte dejar que los ayuntamientos manejen su presupuesto de la manera que le parezca mejor, con independencia de los temas, desde luego, de responsabilidad política o responsabilidad administrativa o responsabilidad penal –incluso– que se presentará, no encuentro por qué en este caso se presentaría esta condición”, José Ramón Cossío, Ministro SCJN, Ponente.

“De no decretarse la validez del precepto, podríamos estar generando una asimetría y una situación no sana en el mercado y en el tipo de comunicación social ¿por qué? Porque quedarían los entes federales con la obligación de invertir hasta el 1% y sin embargo, quedarían las entidades federativas con el tope del 1% y no obstante los municipios no tendrían ninguna limitación”, Arturo Zaldívar, Ministro SCJN.

Con los argumentos para la resolución de esta controversia 89 de 2014, quedaron también resueltas las controversias 93, 95 y 98 de 2014 promovidas por los municipios de Bejucal, Chiapas; Cuauhtémoc, Colima; y Ciudad Ixtepec, Oaxaca, y en las que se pedía la invalidez de los mismos preceptos.

El Pleno inició el estudio de la controversia 90/2014, promovida también por el Municipio de Juchitán, Oaxaca, contra diversas disposiciones de las leyes federales de telecomunicaciones; de metrología y normalización; y de derecho de autor.

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Presentan Diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población sobre la Práctica de la #Tortura

Una parte importante de la población justifica la práctica de la tortura bajo ciertos criterios y desconoce los derechos humanos.

Así lo demostró el Diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población sobre la Práctica de la Tortura.

“Se preguntó, ¿usted cree que el uso de la tortura es una forma de que la gente diga la verdad? Sorprendentemente un 43.3% dice que sí que es un método altamente eficaz para obtener la verdad”, Verónica Cervera Torres, Comisionada CEAV.

Expertos reconocieron que este hecho disminuye la posibilidad de crear un Estado democrático de derecho que reconocen los organismos internacionales.

“La declaración universal de derechos humanos en su artículo 5° establece que nadie será, nadie, nadie es nadie, nadie será sometido a torturas ni a penas ni a tratos crueles inhumanos a degradantes”, Sergio Jaime Rochín del Rincón, Presidente CEAV.

“Hubiéramos deseado que pues la gran mayoría o la absoluta mayoría estuviera en contra de utilizar la tortura ante cualquier delito o ante cualquier persona”, Verónica Cervera Torres, Comisionada CEAV.

Según el análisis, una tercera parte de las personas temen ser sujetos de tortura al ser detenidos.

Además más del 50% consideran que los principales agentes torturadores son la policía, los agentes del Ministerio Público y los militares.

Ante los resultados, la Comisión de Atención a Víctimas se mostró dispuesta a trabajar con organizaciones civiles.

“Nosotros si estamos con la intención de generar ese acompañamiento siempre y cuando nos acompañen también ellas solo les pedimos que se registren para compartir información”, Sergio Jaime Rochín del Rincón, Presidente CEAV.

Entre otras medidas se harán campañas de concientización y difusión para reforzar el tema y se crearán políticas públicas.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reportó que se han registrado 133 personas consideradas víctimas de tortura.