El vacío por la falta de una legislación federal en materia de justicia para adolescentes, provocó que los estados regularan las penas en delitos graves, que van de un año hasta más de 20, en los casos más extremos como Aguascalientes cuya pena máxima es de 21 años de prisión.
Es por esto que expertos reunidos en la Secretaría de Gobernación, presentaron un diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México y urgieron que la nueva Ley Nacional en la materia que se discute en el Senado, parta de una visión preventiva, cuyo eje sean los derechos humanos y el interés superior del menor.
“El Sistema Penal como todo mundo lo sabemos, es un mal, no es un bien para los niños… El encierro no va a tener ningún efecto positivo de tal manera que hay que establecer mecanismos precisamente para hacer como quiere la Constitución al encierro un último recurso”, Dr. Rubén Vasconcelos Méndez, Dir. Asesoría Jurídica Federal Comisión Atención a Víctimas.
La nueva legislación debe ir acompañada de un cambio institucional en la justicia para adolescentes.
“La principal garantía de los sistemas de justicia juvenil es la especialización de sus operadores. Se puede tener la mejor ley pero operadores no capacitados y el sistema no va a funcionar”.
El diagnóstico presenta la situación del 78% de adolescentes en reclusión en 4 estados, de los cuales un gran porcentaje se determinó con muerte social, pues dijeron no tener sueños.
“50% están aburridos, 49% tristes, 42% desanimados, 40% solos, 35 desesperados y 25 enojados… Solo 27% piensa que va a salir bien”, Dra. Elena Azaola Garrido, Investigadora CIESAS y Coordinadora Diagnóstico.
Los delitos en los que más reflejaron sentir culpa son secuestro y homicidio. En México cada año son privados de la libertad en promedio 4 mil 500 adolescentes acusados por delitos graves. En 2014 hubo un total de 16 mil 885 internos, el 27% por delitos graves, del total de adolescentes 93% fueron hombres.
Mexicali B.C. Con la representación del Lic. Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, la Mtra. Perla Ibarra Leyva suscribió la Firma de Colaboración entre la Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República y el Instituto Estatal Electoral de Baja California con el propósito de fortalecer la función esencial e indelegable que tiene el Estado para salvaguardar y proteger los intereses de una sociedad democrática en observancia de la Ley.
Instituto Regional de Investigaciones sobre Prevención y Participación Ciudadana en Baja California A.C 