La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, son casos que han expuesto a nivel internacional la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México.
Desde el 2012 el Gobierno Federal ha destinado 182.9 millones de pesos al pago de daños a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.
106 personas han recibido compensaciones, entre ellas víctimas directas o beneficiarios de familiares fallecidos.
Esto en cumplimiento de los fallos o recomendaciones emitidos por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.